IMPUESTAZO DEL AGUA
La Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para
Andalucía, lesiona el principio de
autonomía local consagrado en la Constitución Española y en la Carta Europea de
Autonomía Local, al afectar a una competencia propia y servicio mínimo
obligatorio atribuido a los municipios en los artículos 25 y 26 de la Ley 7/85,
de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11
de junio, de Autonomía Local de Andalucía, debido a la aplicación de un canon a
que obliga la Junta de Andalucía para financiar obras de depuración de
competencia autonómica.
La Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas
para Andalucía está actualmente en vigor tras su aprobación por el Parlamento
de Andalucía y en ella no sólo se regulan aspecto relacionados con la gestión
del ciclo integral del agua. En dicha ley el PSOE con su mayoría entonces en la
cámara andaluza imponía nuevos impuestos a los andaluces de forma que hacia
recaer nuevamente en el bolsillo de los ciudadanos el pago de su nefasta
gestión en materia de aguas.
Desde el Grupo Popular de este Ayuntamiento entendemos
que esta Ley es puramente recaudatoria, que no implica una gestión más eficaz y
austera del recurso y que consolida un entramado burocrático injustificadamente
extenso y además por la propia indefinición del texto, profundamente ineficaz.
Desde el Grupo Popular municipal opinamos que la Junta de Andalucía persigue
con esta Ley una nueva figura
tributaria de manera meramente
recaudatoria sin priorizar por ejemplo en el ahorro del consumo de agua.
La imposición de tres nuevos canon ha
sido unos de los objetivos de la Ley de Aguas de Andalucía y además el PSOE ha
querido engañar a los ciudadanos, ha querido imponer nuevos impuestos de forma
que el dinero acabase en las cuentas de la Junta de Andalucía pero que lo
cobrasen los ayuntamientos.
Con esta ley y con los nuevos impuestos
que aprobaron la Junta de Andalucía pretendía conseguir financiación para
acometer todas las obras de infraestructuras hidráulicas de depuración de
aguas, para ello también establecieron y
declararon obras de interés de la Comunidad Autónoma una relación de
infraestructuras de depuración y saneamiento en los municipios andaluces, que
la propia Junta asumía como suyas.
La Ley, sin
embargo, no contempla como se van a financiar las infraestructuras necesarias
para el abastecimiento en alta (fuentes de suministro, transporte,
potabilización y almacenamiento), ni para la prevención de inundaciones.
Hoy es una realidad que desde mayo de
2011 los ciudadanos y ayuntamientos venimos pagando puntualmente nuestros
recibos de agua y por lo tanto se viene recaudando el importe impuesto por el
PSOE en la Ley de Aguas y dichos importes se están transfiriendo Puntualmente a
las arcas de la Junta de Andalucía.
Por el contrario, la administración
autonómica, solo han ejecutado el 22% de
las obras de mejora en la infraestructura hidráulica, de depuración y
saneamiento que tenían que hacerse con ese canon.
Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular,
propone la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
1.- Rechazar la implantación de los
canon de carácter autonómico impuestos en la Ley 9/2010 de Aguas de Andalucía y
que suponen una carga tributaria injusta sobre el bolsillo de los ciudadanos.
2.- Instar a la Junta de Andalucía a que
de forma urgente inicie los trámites para el desarrollo y ejecución de las
obras de infraestructuras de depuración de aguas residuales que se encuentran
previstas en el Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno por
el que se declaran de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía las obras
hidráulicas destinadas al cumplimiento del objetivo de calidad de las aguas de
Andalucía.
3.- Dar traslado de los presentes
acuerdos a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Acuerdos que fueron
rechazados, en el pleno del pasado día 31 de Enero, con la negativa del
PSOE y la abstención de IU.
El PSOE introdujo el impuestazo del agua de manera desleal con los
ayuntamientos y muy injustamente hacia los ciudadanos. Tenían la necesidad
imperiosa de recaudar más para la Junta, pero bajo ningún concepto querían
asumir ese coste político de subir el precio del agua a los vecinos y tener que
encarecer el recibo.
Los socialistas estaban dispuestos a
que los ciudadanos y los ayuntamientos andaluces pagaran de su dinero, de su
bolsillo, la incompetencia de la Junta de Andalucía, con cientos de depuradoras
sin hacer. Pero el coste público, el coste político, que lo asuman los
alcaldes. Ellos, que cobren el impuestazo
de la Junta; los alcaldes que den la
cara a los vecinos y la Junta, que se lo lleve calentito para luego no hacer lo
que tienen que hacer.
Hasta finales del año 2012, solo han
sido capaces de ejecutar el 22% de lo que se recauda, incumpliendo los
objetivos marcados y aquellos que cumplen, tardando unos veinte meses en poner
en obra las infraestructuras de depuración., que recordemos, son competencia
exclusiva de la Junta de Andalucía.
Dos normas europeas conllevan la
depuración de Aguas: la directiva de 1991, sobre depuración de aguas residuales
urbanas, y la directiva del 2000, sobre masas de agua y su calidad. Así́ no vamos a llegar al objetivo de la
Directiva Marco para 2015. Y después vendrán las sanciones de
Europa por lo que los vecinos
deberán seguir pagando la incompetencia
de la Junta de Andalucía.
Ahora
entendemos que, tras treinta años de socialismo y algunos meses de
social-comunismo, el medio ambiente es tan solo un instrumento político, porque
todavía quedan centenares de depuradoras que vierten agua, que no es, desde
luego, preservar el medio ambiente
Desde el
Grupo Popular de este Ayuntamiento entendemos que esta Ley es puramente
recaudatoria, que no implica una gestión más eficaz y austera del recurso y que
consolida un entramado burocrático injustificadamente extenso y además por la
propia indefinición del texto, profundamente ineficaz.
Debemos exigir a la Junta de
Andalucía que inviertan lo que recaudan, porque, si no, estarán estafando a los andaluces.
