martes, 12 de febrero de 2013


IMPUESTAZO DEL AGUA

La Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía, lesiona el principio de autonomía local consagrado en la Constitución Española y en la Carta Europea de Autonomía Local, al afectar a una competencia propia y servicio mínimo obligatorio atribuido a los municipios en los artículos 25 y 26 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, debido a la aplicación de un canon a que obliga la Junta de Andalucía para financiar obras de depuración de competencia autonómica.

La Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía está actualmente en vigor tras su aprobación por el Parlamento de Andalucía y en ella no sólo se regulan aspecto relacionados con la gestión del ciclo integral del agua. En dicha ley el PSOE con su mayoría entonces en la cámara andaluza imponía nuevos impuestos a los andaluces de forma que hacia recaer nuevamente en el bolsillo de los ciudadanos el pago de su nefasta gestión en materia de aguas.

Desde el Grupo Popular de este Ayuntamiento entendemos que esta Ley es puramente recaudatoria, que no implica una gestión más eficaz y austera del recurso y que consolida un entramado burocrático injustificadamente extenso y además por la propia indefinición del texto, profundamente ineficaz.

Desde el Grupo Popular municipal opinamos que la Junta de Andalucía persigue con esta Ley una nueva figura tributaria de manera meramente recaudatoria sin priorizar por ejemplo en el ahorro del consumo de agua.

La imposición de tres nuevos canon ha sido unos de los objetivos de la Ley de Aguas de Andalucía y además el PSOE ha querido engañar a los ciudadanos, ha querido imponer nuevos impuestos de forma que el dinero acabase en las cuentas de la Junta de Andalucía pero que lo cobrasen los ayuntamientos.

Con esta ley y con los nuevos impuestos que aprobaron la Junta de Andalucía pretendía conseguir financiación para acometer todas las obras de infraestructuras hidráulicas de depuración de aguas, para ello también establecieron  y declararon obras de interés de la Comunidad Autónoma una relación de infraestructuras de depuración y saneamiento en los municipios andaluces, que la propia Junta asumía como suyas.

La Ley, sin embargo, no contempla como se van a financiar las infraestructuras necesarias para el abastecimiento en alta (fuentes de suministro, transporte, potabilización y almacenamiento), ni para la prevención de inundaciones.
Hoy es una realidad que desde mayo de 2011 los ciudadanos y ayuntamientos venimos pagando puntualmente nuestros recibos de agua y por lo tanto se viene recaudando el importe impuesto por el PSOE en la Ley de Aguas y dichos importes se están transfiriendo Puntualmente a las arcas de la Junta de Andalucía.

Por el contrario, la administración autonómica, solo  han ejecutado el 22% de las obras de mejora en la infraestructura hidráulica, de depuración y saneamiento que tenían que hacerse con ese canon.

Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular, propone la adopción de los siguientes

ACUERDOS:
1.- Rechazar la implantación de los canon de carácter autonómico impuestos en la Ley 9/2010 de Aguas de Andalucía y que suponen una carga tributaria injusta sobre el bolsillo de los ciudadanos.

2.- Instar a la Junta de Andalucía a que de forma urgente inicie los trámites para el desarrollo y ejecución de las obras de infraestructuras de depuración de aguas residuales que se encuentran previstas en el Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno por el que se declaran de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía las obras hidráulicas destinadas al cumplimiento del objetivo de calidad de las aguas de Andalucía.

3.- Dar traslado de los presentes acuerdos a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

Acuerdos que fueron rechazados, en el pleno del pasado día 31 de Enero, con la negativa del PSOE  y la abstención de IU.


El PSOE introdujo el impuestazo del agua de manera desleal con los ayuntamientos y muy injustamente hacia los ciudadanos. Tenían la necesidad imperiosa de recaudar más para la Junta, pero bajo ningún concepto querían asumir ese coste político de subir el precio del agua a los vecinos y tener que encarecer el recibo.
Los socialistas estaban dispuestos a que los ciudadanos y los ayuntamientos andaluces pagaran de su dinero, de su bolsillo, la incompetencia de la Junta de Andalucía, con cientos de depuradoras sin hacer. Pero el coste público, el coste político, que lo asuman los alcaldes. Ellos, que cobren el impuestazo de la Junta; los alcaldes que den la cara a los vecinos y la Junta, que se lo lleve calentito para luego no hacer lo que tienen que hacer.
Hasta finales del año 2012, solo han sido capaces de ejecutar el 22% de lo que se recauda, incumpliendo los objetivos marcados y aquellos que cumplen, tardando unos veinte meses en poner en obra las infraestructuras de depuración., que recordemos, son competencia exclusiva de la Junta de Andalucía.
Dos normas europeas conllevan la depuración de Aguas: la directiva de 1991, sobre depuración de aguas residuales urbanas, y la directiva del 2000, sobre masas de agua y su calidad. Así́ no vamos a llegar al objetivo de la Directiva Marco para 2015. Y después vendrán las sanciones de
Europa por lo que los vecinos deberán  seguir pagando la incompetencia de la Junta de Andalucía.
Ahora entendemos que, tras treinta años de socialismo y algunos meses de social-comunismo, el medio ambiente es tan solo un instrumento político, porque todavía quedan centenares de depuradoras que vierten agua, que no es, desde luego, preservar el medio ambiente
Desde el Grupo Popular de este Ayuntamiento entendemos que esta Ley es puramente recaudatoria, que no implica una gestión más eficaz y austera del recurso y que consolida un entramado burocrático injustificadamente extenso y además por la propia indefinición del texto, profundamente ineficaz.
Debemos exigir a la Junta de Andalucía que inviertan lo que recaudan, porque, si no, estarán estafando a los andaluces.