Recortazo
por decreto, sin eufemismos.
Los socios radicales han
agotado su paripé negociador y han perpetrado por decreto un recortazo sin
precedentes a los 270.000 empleados públicos de Andalucía que se percibirá ya
en la nómina de julio. Han fingido negociar y lo único que han hecho es
posponer una decisión ya tomada, porque las cartas ya estaban sobre la mesa y
porque han optado por el tijeretazo a los trabajadores públicos antes de
recortar gastos suntuarios, reducir su aparato político y eliminar la
administración paralela, los grandes tumores de la economía andaluza. El
recortazo de 3.500 millones de euros es responsabilidad única y exclusiva de
Griñán y Valderas, que siguen instalados en el soplar y sorber cuando están
hasta el tuétano en la responsabilidad de la medida. Por su parte, la consejera
de Presidencia e Igualdad (¡¡¡), Susana Díaz, ha vuelto a obsequiar a los
andaluces con una nueva perla de su cosecha y a la “mijita” de recorte ha
añadido el “pequeño esfuerzo colectivo” con el que ella denomina la reducción
de un 7,5% en las nóminas y la pérdida de un 21% de poder adquisitivo.
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